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La medida del gobierno porteño busca preservar la salud de los ancianos Desalojarán 83 geriátricos y deben reubicar a 1.500 abuelos
 
       
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La medida del gobierno porteño busca preservar la salud de los ancianos


Desalojarán 83 geriátricos y deben reubicar a 1.500 abuelos


Todos estaban con clausura administrativa, por lo que no podían recibir pacientes. Ahora serán cerrados. Los familiares deberán hacerse cargo de los ancianos y la Comuna auxiliará a los que queden desamparados.

Horacio Aizpeolea
haizpeolea@clarin.com

El Gobierno porteño dispuso el desalojo de 83 geriátricos privados, sobre los que ya pesa la figura de la "clausura administrativa", pese a que están en funcionamiento. La medida tendrá un cumplimiento gradual, que demandará un par de meses en completarse. Se estima que los geriátricos cuestionados albergan a unos 1.500 abuelos. "A esta medida se llega por la irresponsabilidad de los dueños de los geriátricos", afirmó el ministro de Gobierno de la Ciudad, Diego Gorgal.

"Estamos ante casos de abusos, maltrato y abandono de personas", dijo Gabriela Groba, funcionaria del Ministerio de Derechos Humanos, para justificar la medida. El ministro Gorgal, en diálogo con Clarín, agregó: "Mañana (por hoy) mandaremos las intimaciones para el desalojo a 12 geriátricos." Según explicó el funcionario, una vez que el dueño reciba la intimación "tendrá diez días para evacuar el establecimiento". En caso de no hacerlo, "será la Justicia la encargada de proceder al desalojo".

¿Qué les espera a las 1.500 personas que, se estima, residen en estos geriátricos? "Primero, los familiares deberán hacerse cargo de ellas, porque ésa es su responsabilidad. Hay otros geriátricos que cumplen con la normativa exigida. En el caso de que algunos ancianos queden desamparados, el Gobierno porteño los reubicará en establecimientos propios", explicó Groba.

Según datos de la Subsecretaría de Control Comunal, entre marzo de 2005 y marzo pasado, después de renovarse este área del Gobierno tras la tragedia de Cromañón, se realizaron 2.035 inspecciones a 700 geriátricos (en la actualidad hay 720 registrados). "Con la modalidad escogida, nuestro objetivo fue que al menos una vez al año todos los geriátricos tengan una inspección", dijo Gorgal.

En el caso de los 83 geriátricos sobre los que se ordenó su desalojo, el ministro explicó que "están con clausura administrativa. Esta figura les permitía seguir en funcionamiento, pero sin tomar más pacientes. Al no regularizar su situación, tomamos la decisión de cerrarlos. El Estado no puede permitir que esas personas queden expuestas a ningún tipo de riesgo".

Alejandro Barros, titular de la Unión de Geriátricos porteños, al ser consultado por Clarín, dijo "estar de acuerdo" con el cierre de institutos que no cumplen con las normativas, aunque adelantó que "no será fácil cumplir con la medida".

"Hay familias que internan a una persona mayor porque no pueden hacerse cargo de ella, y apenas pueden pagar 700 pesos por mes, que es lo mínimo que cobra un geriátrico. Cuando tengan que juntar 1.200 pesos para pasarlo a otro geriátrico —ése el precio promedio— se van a encontrar con que no pueden hacerlo", analizó Barros. "Plazas hay, pero con otros precios; es un conflicto económico y social", puntualizó.

"El Estado no tiene la tutela sobre las personas, salvo que en algún caso particular así lo indique la Justicia", insistió Gorgal. Por eso reiteró que se pedirá "la colaboración de los familiares" de quienes residen en los geriátricos que se van a desalojar. También remarcó que durante el proceso en el que se desarrollen los desalojos participarán profesionales de distintas áreas del Gobierno, como asistentes sociales, psicólogos y médicos especialistas en tercera edad.

En julio del año pasado, tres mujeres murieron y 15 personas resultaron heridas en un incendio ocurrido en un geriátrico de Palermo Viejo. Aquella vez, el Gobierno porteño afirmó que el establecimiento "estaba habilitado". En enero de 2001, a su vez, en el geriátrico "Los girasoles", en Belgrano R, cuatro ancianas murieron ahogadas cuando se inundó un subsuelo. El lugar nunca reabrió sus puertas.

"Muchos de estos geriátricos recibieron intimaciones hace más de un año y no hicieron nada; fuimos pacientes y también prudentes", finalizó Gorgal.


Infracciones más habituales


• No exhibir libro de atención médica.
• Conexiones de gas antirreglamentarias.
• Falta de agarraderas en baños.
• Falta de plan de evacuación.
• No exhibir certificado de inscripción como generador de residuos patógenos.
• No exhibir certificado de análisis de potabilidad del agua.
• Ausencia de libreta sanitaria. Cables expuestos.
• Falta de matafuegos.
• No exhibir certificado de fumigación y desinfección.
• Falta de puerta de seguridad en escaleras y pasillos.
Control y sanción
Guillermo Kellmer
gkellmer@clarin.com


En enero de este año, el Gobierno porteño introdujo por decreto modificaciones al Código de Faltas. Se endurecieron multas que apuntaban a la seguridad en boliches y geriátricos. "No están fallando los controles, sino la severidad de las sanciones", dijeron desde la Comuna. Con los geriátricos, queda claro, fallaron los controles. Que lugares clausurados hace casi un año siguieran funcionando con las mismas fallas por las que habían sido sancionados no es aceptable. En este caso, mayor control hubiese sido más eficiente que mayor sanción. Se hubieran ahorrado el problema de reubicar a 1.500 abuelos.
Tres casos de reincidentes


Una lista confeccionada por el área de Control Comunal del Gobierno porteño tiene asentadas las direcciones de los 83 geriátricos sobre los que se ordenó el desalojo.

De esta lista, siempre en base a información oficial, hay tres casos que fueron definidos como "emblemáticos". Estos están en Beláustegui 1223, Guardia Vieja 4565 y Joaquín V. González 165.

"Iniciaron su actividad sin la habilitación correspondiente, no prestaron atención a las intimaciones que les hicimos, violaron sistemáticamente las clausuras impuestas y, además, de constatar nuestros profesionales de la salud que los ancianos no están bien atendidos", confió una fuente del Ministerio de Gobierno.

"Cuando se habla de desalojo, que quede claro que nadie va a quedar en la calle. Al grupo más vulnerable dentro de la tercera edad lo encontramos en estos geriátricos. De lo que se trata es de hacer cumplir la normativa y el respeto a los derechos humanos", dijo Gabriela Groba, del Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno porteño.

   
Autor: Horacio Aizpeolea Fuente:Clarín
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