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NOTAS
Adulto Mayor y la Sociedad
 






   
NUEVA VISION DEL ADULTO MAYOR. PERSPECTIVA Y REALIDAD
 
       
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NUEVA VISION DEL ADULTO MAYOR. PERSPECTIVA Y REALIDAD

Lic. Miriam Velazco Mugarra
Departamento Técnico. Junta Directiva
ONBC
Lic. María del Carmen Romero Pérez
Directora de Atención a los Derechos Ciudadanos
Fiscalía General de la República
CUBA
INTRODUCCION

El presente trabajo se enmarca en los principios jurídicos de la familia contemporánea respecto a la nueva visión del adulto mayor, su perspectiva y realidad en el mundo y en particular en Cuba.

Su contenido se estructura mediante esta Introducción, el Desarrollo que abarca cuatro capítulos y las Conclusiones de las autoras sobre el tema.

El primer capítulo se refiere a los antecedentes históricos de los derechos de la vejez y el segundo a la evolución del envejecimiento en el mundo.

El capítulo tercero se dedica a los principios jurídicos que informan el derecho de la familia aplicable al derecho del adulto mayor y el último aborda su protección legal en Cuba.

El objetivo principal que se persigue es promover la reflexión de los legisladores y de los estudiosos de esta problemática mundial para aunar todos los esfuerzos hacia una nueva visión del adulto mayor encaminada a lograr su integración a la vida social, cultural y económica de la Sociedad.

A esos fines, se expone de forma sencilla, la experiencia cubana solo a modo de referencia práctica, sin pretender agotar las soluciones necesarias para el tratamiento adecuado, justo y humano que requiere la vejez.

El método utilizado para elaborar la ponencia es el de la investigación bibliográfica, vinculado a la formulación de conceptos teóricos generales que se corresponden con nuestra realidad económico social.

Hemos considerado además, la experiencia de personas dedicadas a la atención del adulto mayor, entre ellos: especialistas jurídicos, de gerontología y geriatría, de familia, sicología, sociología y trabajo social, pertenecientes al CITED, Centro Iberoamericano de la Tercera Edad, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Salud Pública y a la Universidad de la Habana.

También hemos considerado nuestra práctica profesional con más de veinte años de ejercicio en asuntos de Familia como abogada litigante y representante de la Fiscalía General respectivamente. Uno de los temas de mayor significación social en el mundo de nuestros días es el de la atención de la familia, de la Sociedad y del Estado al Adulto Mayor, ello nos ha inspirado a exponer nuestras consideraciones al respecto con el sincero propósito de intercambiar criterios y experiencias con nuestros colegas interesados en el tema.

Capítulo I

Breve reseña histórica de los derechos de la vejez

Desde la existencia de las culturas griega, romana y germánica hasta nuestros días, la vejez ha constituido un tema de atención para todos los pueblos.

Los habitantes romanos de reconocida austeridad en la historia, actuaban bajo el principio de la solidaridad, mientras el Estado de Atenas amparaba mediante contribución a los imposibilitados para trabajar y a los huérfanos indigentes.

Con el Cristianismo basado en la moral, la filosofía y la religión, cuya pastoral se realiza con la práctica del bien, abogando por la hermandad, la bondad y la caridad; la Iglesia encuentra en el Imperio romano el medio idóneo para su establecimiento por el mundo antiguo. Así es que la Iglesia acoge la caridad de los necesitados en todo el mundo, recibiendo en consecuencia importantes donaciones y legados que le permiten la creación de asilos, conventos y orfanatos entre otras instituciones de asistencia.

Con el devenir del tiempo, se emitieron disposiciones relativas a la asistencia a los pobres, ancianos e inválidos como fueron el edicto imperial alemán de 1530 y el edicto Isabelino de 1601.

La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 reconoce la necesidad de proteger a los ancianos.

En 1880, algunas Naciones comenzando por Alemania regularon el seguro social indistintamente con carácter obligatorio y voluntario.

Fue con el Congreso Internacional de París de 1889 que quedó reconocido el derecho de la asistencia pública a toda persona afectada temporal o definitivamente de imposibilidad física de atender a su subsistencia.

No es hasta 1891 que aparece una Ley en Dinamarca concediendo pensión por vejez, seguido de Francia que en 1905 estableció la Ley de pensiones a la vejez, inválidos y crónicos que carecieran de recursos para su subsistencia, derogado más tarde por la Ley de seguro obligatorio.

En el siglo XIX surge en el mundo una incipiente asistencia social de carácter privado y religioso y sin participación gubernamental. Comenzaron a existir desde entonces diferentes formas de aseguramiento, desde las mutualidades, organizaciones asistenciales religiosas, estatal, territorial, o municipal hasta el aseguramiento contractual a cargo de compañías aseguradoras.

El antecedente constitucional que hallamos, donde por primera vez se impone a la sociedad la obligación de proteger al anciano en toda su integridad humana, es argentino, lo que nos hace realizar su referencia obligada.

El fundamento de los convencionalistas argentinos de 1949 respecto a los derechos de la ancianidad fue expuesto como sigue: "creemos que es preciso la formulación previa de las virtudes indesplazables e imprescriptibles que deben acompañar al hombre en las distintas etapas de su vida para que de ellas fluyan como corolarios indestructibles las normas de conducta social para las generaciones que se suceden y con la alta mira de defender a los ancianos el patrimonio ético, la pureza de los ideales, la virtud de la tradición y la pureza de la raza". (1)

Por su carácter social y humano, en su tiempo, esta concepción doctrinal fue tratada en una sesión especial de Naciones Unidas lo que permitió que fuera adoptada casi de inmediato por varios países miembros.

También fue acogida por la singular y destacada argentina Sra. Eva Perón la que demostrando su profunda sensibilidad humana manifestó su 'Te inconmovible que esos mismos derechos que se proclamaban y expuestos ante las naciones del mundo, sirvieran de inspiración, movilicen las conciencias y pueda algún día llegar como bendición lejana sobre las cabezas blancas de todos los ancianos desvalidos de la tierra". (2)

Atendiendo a estos antecedentes, el Parlamento de la Tercera Edad de Argentina propugnó la consagración constitucional de esos derechos en el Congreso de la ciudad del Mar del Plata.

Es importante señalar que desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Constitución cubana de 1940; las legislaciones reconocieron la necesidad de proteger a los ancianos pero a manera de compensación, que no es más que el seguro a la vejez con claro basamento económico y no de justicia social dirigido a reponer al anciano en la dignidad humana como sí lo hizo la Constitución argentina de 1949.

Es a partir de fines de la década del 40 de este siglo, que las leyes nacionales, el Derecho y las Convenciones Internacionales, se pronuncian por la protección integral de los derechos de los ancianos y ya en los albores del año 2000, encontramos declaraciones y legislaciones en distintos países y áreas que tratan de modo especial estos derechos.

En el caso de Cuba, como reflejo de la voluntad política de la Nación, los derechos del adulto mayor se enmarcan en la legislación Constitucional y de Familia y de manera subsidiaria se reconoce su protección por el Estado mediante la Ley de Seguridad Social y los programas de prevención social comunitaria.

El antecedente histórico cubano más importante en relación con este tema, sin dudas, es la Constitución de 1940 de postulados progresistas, en la cual se consagró la asistencia social pero los beneficios estaban limitados a una pequeña minoría de la población fundamentalmente en la capital del país. Se requería de forma previa acreditar la condición de pobre.

En los años 50, la atención del anciano se limitaba a beneficios derivados de un reducido presupuesto estatal y de las recaudaciones de instituciones religiosas y de caridad. Resultaba difícil obtener la Seguridad Social por parte de los asegurados mientras que la asistencia social y el sistema de salud eran insuficientes.

A partir del triunfo revolucionario de 1959 nuestra sociedad se enfrasca en la construcción del Socialismo creando la base objetiva para el nacimiento de una familia de nuevo tipo al quedar eliminada la explotación del hombre por el hombre y la estructura económica, social y jurídica de la sociedad burguesa capitalista.

Excluidos los intereses de clases en las relaciones conyugales el factor principal que prevalece es el amor recíproco de la pareja y la igualdad entre ellos. Estos principios de respeto e igualdad se extienden a todos los integrantes de la familia cuya obligación ante la sociedad es la de conducirla a su desarrollo integral.

La función educativa de la familia es esencial para la formación de la personalidad socialista caracterizada por el humanismo. Esta transformación no ocurre en Cuba de inmediato sino a través de un proceso en el que se van estrechando y enlazando los intereses personales y sociales, consolidando una familia basada en los principios de la ética y la moral Socialista.

Así es que las personas de edad en su inmensa mayoría son atendidas y consideradas con amor en primer orden por la familia y la sociedad, valorizando su dignidad humana, mientras el Estado protege la seguridad social y brinda protección asistencial a los necesitados y a los ancianos que carecen de familiares o de atención familiar.

En el orden asistencial se tomaron medidas urgentes para erradicar la mendicidad y el desamparo. A esos fines se creó el Ministerio de Bienestar Social brindando asistencia a todos los necesitados del país. Este Ministerio se extingue en 1962.

Desde 1962 hasta 1980 se fueron desarrollando las estructuras y mecanismos dedicados a la eficiencia de esta actividad siendo el principal objetivo la garantía de la universalidad del acceso a la satisfacción de las necesidades y derechos básicos.

Se crea un modelo de atención comunitario y dentro de éste en 1978 surge el primer programa de atención al anciano.

Cuando se celebra en 1982 la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena donde se evalúa la necesidad de un enfoque especial para la atención de las personas de edad tanto en el ámbito social como de salud ya estaba concebido en Cuba, el Plan Nacional de atención al anciano, desarrollado, atendiendo a los aspectos más relevantes del Plan de Acción Latinoamericano aprobado en la Reunión Regional sobre envejecimiento convocada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), celebrada en Costa Rica en marzo de 1982 y del Plan de Acción Internacional aprobado en Viena en agosto de ese mismo año.

El Primer Congreso del Partido Comunista planteó esta necesidad de desarrollo mientras que nuestra Constitución refrenda las garantías de los derechos de los ancianos de manera integral.


Así mismo se aprueba la especialidad de Gerontología y Geriatría y se crea su Sociedad científica, comenzando los Ministerios de Salud Pública y del Trabajo y Seguridad Social sus programas específicos de atención al anciano que en la actualidad se han vinculado en un programa integral entre organismos con una nueva visión, reforzada desde 1995, encaminada a realizar más servicio social y menos asistencial.

Es de destacar los esfuerzos del Estado Cubano por cumplir con los principios y recomendaciones sobre Envejecimiento de la Asamblea de Naciones Unidas realizadas en Nueva York en 1992. Se funda en Cuba, el Centro Iberolatinoamericano de la Tercera Edad y se pone en marcha el nuevo Programa de atención integral al anciano cubano al que nos vamos a referir en el cuarto capítulo de este trabajo.

Capítulo II

Evolución del envejecimiento

Envejecimiento en el mundo actual:

El envejecimiento poblacional se ha convertido en un reto para las sociedades modernas, pues siendo uno de los logros más importantes de la humanidad se ha convertido en un problema en tanto no se han encontrado las soluciones adecuadas para su tratamiento al menos para los países del tercer mundo los cuales enfrentan este fenómeno social con una ínfima parte de los recursos con lo que cuentan los países desarrollados lo que así ocurre por razones hartamente conocidas como es la deuda externa que padecen entre otros problemas económicos.

Las causas del envejecimiento demográfico son el resultado de la disminución de la natalidad y la fecundidad, pudiendo considerarse la disminución de la mortalidad en algunas edades avanzadas. También las migraciones tanto internas como externas pueden influir en el aumento del envejecimiento en una población determinada.

En el mundo existían 200 millones de personas mayores de 60 años en 1950 y ya en 1975 aumentó a 350 millones según datos de Naciones Unidas. Para el año 2000 se pronostica la existencia de aproximadamente 600 millones de ancianos cifra que conforme a estudios podrá duplicarse para el 2025.

El envejecimiento de los países en desarrollo es proporcional al de los países desarrollados, se espera que para el año 2000, dos de cada tres ancianos vivan en las áreas menos favorecidas económicamente aún cuando no existe un crecimiento homogéneo del envejecimiento en los diferentes países.

Existe mayor envejecimiento en el Caribe (9,1 % de la población, mayor de sesenta años), en América Latina (6,9 % de la población) o en Asia (7,6 % de la población), que en Africa que solo alcanza el 5,9% del total. Comparamos estos datos con regiones desarrolladas como Europa (16,8% de la población) o América del Norte (19,1% de la población) y se pueden apreciar diferencias importantes entre el Norte y el Sur. Estas tendencias parecen mantenerse en el presente siglo y en el inicio del próximo.

En América Latina y el Caribe estas diferencias son grandes si tenemos en cuenta que países como Barbados, Cuba, Argentina y Uruguay tienen más del 12% de su población anciana mientras que Haití, Bolivia y Guatemala apenas llega al 6%. No obstante, el incremento es una realidad actualmente.

El aumento de las personas de edad en los países en desarrollo ha sido rápido lo que no se corresponde con la situación socioeconómica de los mismos resultando difícil y a veces imposible crear los mecanismos necesarios para la atención urgente que ello requiere pues conlleva a mayores gastos estatales.

La urbanización y la migración del campo a la ciudad han producido el cambio de las tradiciones familiares ocasionando que el cuidado brindado por la familia va siendo sustituido por el Estado y otras instituciones no gubernamentales.

Es sabido que los ancianos utilizan sistemáticamente los servicios de salud y medicamentos lo que resulta de interés para todos los países debido a la grave desigualdad existente en el mundo respecto al estado de salud de la población.

La diferencia objetiva existente entre el estado de salud y asistencia social del mundo desarrollado y el de los países en desarrollo fue observada por la Organización Mundial de la Salud mediante la Declaración de Alma Atá en que sus países miembros impulsados por el objetivo de lograr "Salud para todos en el año 2000% proclamó el principio de igualdad presente en la normativa jurídica de todas las Naciones que aún cuando en las condiciones actuales del mundo no sea este postulado una realidad, si es una perspectiva de todos los hombres de buena voluntad.

Envejecimiento de la población cubana:

Casi el 13 % de la población cubana tiene más de 60 años y se estima que para el año 2000 aumentará al 13,4%, con una expectativa de vida de 75 años, siendo la proporción de ancianos en Cuba superior a la proyección de los países subdesarrollados.

Este proceso en nuestro país ha ocurrido rápidamente lo que demográficamente tiene su explicación en la acelerada declinación de la fecundidad cuya tasa actual es de 1,67 hijos por mujer y una tasa bruta de reproducción de 0.78 hijas por mujer, la cual se halla por debajo del nivel de remplazo de la población aunque resulta un componente importante la disminución de la mortalidad cuyos niveles son similares a los de las áreas más desarrolladas del mundo.

La existencia en Cuba de más de un millón de ancianos significa un logro social incuestionable pero también impone innumerables complejidades en el orden socioeconómico y médico.

En cuanto a la caracterización de la población anciana en Cuba desde el punto de vista demográfico es remarcable la esperanza de vida geriátrica de los hombres cubanos la cual supera a los hombres suizos en 2,4 años.

A partir de la década del 90, se observa un incremento de la actividad económica de estas personas integradas a la aparición de nuevas formas de empleo, como el trabajo por cuenta propia que lo realizan cerca o en su comunidad, así mismo, en lo social, se integran a las organizaciones sociales y comunitarias como las asociaciones de jubilados conocidas en los sectores azucarero, de educación y de salud, manteniéndose en el seno familiar o en su entorno habitual.

Un análisis epidemiológico, nos permite afirmar que los ancianos cubanos hacen mayor uso de servicios sociales y de salud ocasionando mayores gastos en esta esfera por lo cual resulta necesario planificar eficientemente nuestros escasos recursos.

Se estudia la morbilidad, estimándose que las personas de edad padecen más enfermedades crónicas que agudas y breves, resultando más afectadas que cualquier otro grupo por la discapacidad, asequibilidad y accesibilidad.

Las principales causas de muerte de 65 años o más de edad son: las enfermedades del corazón, tumores malignos, cerebrovasculares, influenza y neumonía.

La mayor parte de los ancianos son independientes, activos y residen con su familia o en su propio medio social, no obstante, la discapacidad se incrementa con la edad, lo que se tiene en cuenta para medir el grado de asistencia que puedan necesitar para las actividades de la vida diaria.

Cuba es un ejemplo de país en desarrollo con un envejecimiento importante de su población ocurrido en el presente siglo, ello nos ha impuesto el estudio profundo de este proceso social importante para la familia y para toda la Sociedad, con el fin de colaborar de esta forma con el noble empeño de integrar todas nuestras generaciones.

Capitulo III

Principios jurídicos generales que informan el derecho de familia aplicable al derecho de las personas mayores


Los principios jurídicos que de manera explícita o implícita sirven de base o referencia al Derecho de Familia en cualquier parte del mundo hoy día, han de partir de la concepción universal del respeto de los Derechos Humanos, la igualdad, la participación en las responsabilidades familiares, la solidaridad, la protección integral de los derechos de las personas y la equiparación de las personas con capacidades diferentes, los que fueron relacionados en el primer módulo de la convocatoria del X Congreso Internacional de Derecho de Familia; con el Título general "El derecho de familia y los nuevos paradigmas", celebrado en Mendoza, Argentina en septiembre de 1998.

Cada uno de estos principios puede originar la elaboración de un tema propio, en tanto, su formulación abarca las relaciones matrimoniales, paterno filiales, parentales, cuasi familiares y los derechos y obligaciones emanadas de ellas. No obstante, al enunciarlas en este capítulo lo hacemos bajo la consideración de tenerlos presente en nuestra realidad social así como por su trascendencia al tema que tratamos referido a la necesidad de una nueva visión del adulto mayor, lo que en muchos países solo constituye una quimera.

a) El respeto a los derechos humanos:

El primero de los principios que ha tenerse en cuenta en cualquier Sistema de Derecho, no solo en el ordenamiento de familia sino como plataforma constitucional, lo es, el respeto a los derechos humanos cuya noción se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado en tanto este ejerce su acción al servicio del ser humano. Es así, que nuestra Constitución está acotada por el pensamiento martiano: " Yo quiero que la Ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre" (3) lo que constituye un símbolo de su objetivo primordial.

Nuestro ilustre profesor Dr. Julio Fernández Bulté al respecto señala: "advierto que los derechos Humanos deben encontrar, y de hecho encuentran su fundamento, no sólo como explicación, sino sobre todo como horizonte en los valores éticos indeclinables para la subsistencia civilizada y digna del hombre ... dramáticamente esa existencia digna y civilizada, al final de lo que hemos dado en llamar modernidad, o en las puertas de los que otros califican de postmodernidad, pasa absolutamente por la praxis de desalienación y de liberación de las casi dos terceras partes de la humanidad que viven sumidas en condiciones casi prehistóricas, mientras en el primer mundo se suicida la civilización en un galopar onírico por el consumismo que agota las fuentes de existencia planetaria y subyuga, en un sistema de explotación y dominio, a los que vivimos en el Tercer Mundo, o en el Sur. Y entonces cobra fuerza especial el otro elemento de esas reflexiones: el carácter universal e interdependiente de todos los Derechos Humanos". (4)


En Cuba, país en desarrollo, se legitima este principio de respeto a los Derechos Humanos mediante la Revolución que tiene por esencia la exaltación de la dignidad del hombre para su existencia civilizada que hace posible la interdependencia de los Derechos civiles y políticos respecto a los económicos, sociales y culturales.

En nuestra normativa jurídica y en la práctica social se hace realidad este principio presente en el Derecho de Familia aplicable al derecho de las personas de edad aspecto al que nos vamos referir más adelante.

b) Igualdad:

El principio de igualdad prohibe un trato diferente y discriminatorio por cualquier causa. Es un juicio de valor frente a diversos elementos.

Cuando se requiere legislación especial para la protección de personas o grupos vulnerables por su condición económica, física o mental, el derecho aparece con la doble condición de factor de igualdad y de diferenciación para promover la igualdad sustancial vinculada a la justicia social, que no es más que la equidad entre partes desiguales.

A pesar que nuestras normas generales promueven las condiciones para que la igualdad sea efectiva en tanto es un principio revolucionario y constitucional, el legislador ha previsto normas especiales para impedir las injusticias y garantizar a los abuelos los derechos y posibilidades que les permitan una vejez feliz.

La igualdad, principio plasmado en el Derecho y en las Convenciones Internacionales encaminado a la eliminación de todas las formas de discriminación, se ve afectado por las crisis económicas actuales, por la fragmentación, intolerancia, violencia xenofóbica, cultura de la diferencia y en otro extremo la visión del viejo como enfermo físico y mental y en consecuencia como persona incapaz e improductiva.

En nuestro país aún con los escasos recursos que contamos agravado por el período especial originado por el brutal bloqueo imperialista, existen creados mecanismos para mantener integradas a las personas de edad a la familia y a la Sociedad y no segregadas de éstas apreciándose resultados satisfactorios no solo por la experiencia que aportan a las nuevas generaciones sino porque se mantienen integradas a las tareas familiares y sociales y les reporta salud y calidad de vida.

e) Participación en las responsabilidades de la familia

La importancia de la familia no ha sido igual en todos los países, por la estrecha relación entre la estructura familiar y la organización política, cuya interacción dialéctica influye, altera, modifica y condiciona la relevancia del núcleo familiar a tono con la evolución del núcleo social y a la inversa. Es oportuno recordar a Castán Tobeñas, gran iusfamilista cuando expresó "la historia enseña que los pueblos más fuertes han sido siempre aquellos en que la familia estaba más fuertemente constituida" y denuncia también el relajamiento de los vínculos familiares durante los períodos de decadencia.

La conjunción entre la relación maternal, surgida entre madre e hijos; la relación conyugal, existente entre marido y esposa y la relación fraternal, surgida por función de los lazos de sangre, pero que se afirma y robustece en virtud de nexos espirituales más que por instinto, resultan elementos básicos de la unión comunitaria llamada familia; lo que no significa que esta trilogía se mantenga aislada sino que junto a ella surgen más lejanas o muy cercanas, una relación de derechos y deberes. según la situación concreta, que se añaden a las estrictamente fundamentales, como la relación parental, que ha ido pasando de una relación de potestad a un vínculo espiritual y afectivo.

En estos términos de amor y respeto se materializa en Cuba, la participación de todos en las responsabilidades familiares siendo los padres los máximos responsables de la educación y formación de los hijos en los valores éticos y morales de la sociedad socialista así como de su sustento material, compartiendo sus miembros las tareas domésticas y la atención y cuidado de los abuelos los que también contribuyen de manera efectiva en el hogar no solo aportando su experiencia sino también asumiendo a falta de los padres toda la atención educativa y material del núcleo familiar.

En el seno de la familia cubana resulta habitual la participación del adulto mayor en la toma de decisiones que atañen a sus miembros respetando el derecho de autonomía y privacidad de cada uno, en tanto, disfrutan de igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades.

d) Solidaridad:

La solidaridad, principio básico para el tratamiento del Derecho de Familia y en especial de los abuelos que se encuentren o no en situación vulnerable, es el sentimiento que impulsa a los hombres a prestarse ayuda mutua.

Se plantean cuatro grupos referenciales de la verdadera solidaridad como antítesis de cuatro realidades duramente golpeadas en el planeta por la insolidaridad humana. Estos núcleos son: solidaridad entre los pobres, con la promoción de la dignidad de la persona humana, con la vida humana y la familia y con la apertura del hombre a la trascendencia.

La auténtica solidaridad, como actitud de buena voluntad y amor, está presente entre persona y persona, entre persona y Sociedad y entre Sociedad y Sociedad.

La subsidiaridad es la práctica de la solidaridad entre desiguales. Es el complemento de la solidaridad que protege a la persona humana, a las comunidades y a los grupos intermedios del peligro de perder su legítima autonomía.

En las sociedades con el modelo de seguros en el sector privado con la existencia de pensiones mínimas, según la Ley, corresponde financiar las diferencias al Estado y no a quien administró los recursos y obtuvo utilidades por esta gestión por lo que este sistema protege el negocio financiero privado por tanto no se cumple este principio de subsidiaridad pues el gasto se traspasa al Estado y no lo asume el que le corresponde.

La sociedad cubana y sus leyes impregnadas del principio de solidaridad de alto contenido humano velan porque cada persona contribuya de acuerdo a su capacidad y perciba de acuerdo a su necesidad lo cual está relacionado con la redistribución de los ingresos y el financiamiento basado en las necesidades y contingencias sociales que atiende la seguridad y la asistencia social.

La solidaridad es vista en la relación familiar cubana no solo desde el plano material sino también afectivo, es así que se ayudan recíprocamente en el desarrollo integral de la vida y la dignidad humanas.

e) Protección integral de los derechos de las personas

En la legislación de familia la protección integral de los derechos de las personas se constata en el derecho inalienable a la salud, la educación, la previsión, la recreación, la cultura, el deporte, la vivienda, entre otros, en igualdad de posibilidades para todos.

En Cuba esta protección integral no es solo un principio jurídico en la familia sino un principio fundamental para el sistema de seguridad y asistencia social y en particular para los adultos mayores sin familia o sin atención de ella. No se limita a la pensión por vejez, invalidez, muerte, viudez, orfandad sino también se extiende a los estados de necesidad durante la vida activa de las personas debiendo ser las prestaciones suficientes y oportunas respecto a los mencionados derechos consustanciales al desarrollo de la dignidad humana.

La familia cubana disfruta de la protección de estos derechos garantizados por el Estado de forma gratuita y accesible. La enseñanza, la educación y el deporte son gratuitos, quedando a cargo de la familia guiar a los hijos en el amor al estudio y la disciplina que impone su dedicación a fin de integrarlos al Sistema Nacional de Enseñanza.

El derecho a la vivienda se reconoce de manera particular en favor de todos los convivientes del núcleo familiar resultando prohibido por Ley, accionar contra los ascendientes o descendientes del titular o en casos de inhumanidad e injusticia manifiesta.

Las políticas neoliberales han privatizado el sistema de protección de estos derechos multidisciplinarios integrales, separando en áreas distintas los organismos que se dedican a estos servicios asistenciales de aquellos que pueden pagar promoviendo la mercantilización de una función estrictamente social.

En nuestras circunstancias es importante aclarar que las dificultades que han aparecido en Cuba durante el llamado "período especial, crisis económica que vive nuestro país desde el inicio de la década de los noventa ha ocasionado una afectación evidente de algunos aspectos de la calidad de vida del anciano cubano pues los ancianos no han podido adaptarse en la misma magnitud que los jóvenes a las nuevas alternativas que la crisis ha impuesto. En estos últimos años se vio afectada la distribución de alimentos en el país por lo que se trabajó desde un inicio por aliviar esta situación en los grupos más vulnerables para garantizar las demandas de calorías y proteínas de estas personas. La situación del transporte también ha repercutido en los ancianos en particular en la ciudad lo que los ha limitado en sus posibilidades sociales, culturales y deportivas.


Por otro lado la obtención de la vivienda que resulta un problema prácticamente universal aún cuando frena el proceso de nuclearización de la familia, favorece a las personas mayores porque disminuyen las posibilidades de estar solos.

A pesar de lo anterior Cuba ha mantenido una cobertura total de la seguridad y asistencia social además de la atención gratuita de la salud. Se han mantenido garantizados para todos los derechos constitucionales como el de la educación, la cultura, el deporte y la recreación y en algunos casos se han fortalecido, lo que nos estimula al saber que ningún anciano cubano, en nuestra sociedad, ha sido abandonado a su suerte, no obstante, trabajamos por elevar su participación social y en todo lo posible la satisfacción de sus necesidades básicas.

f) Equiparación de las personas con capacidades diferentes

Nos ocupa la atención del adulto mayor en el seno familiar, ello nos obliga a situarlo en el contexto social e institucional en que vive pues en definitiva su protección repercute en el desarrollo integral de la familia y por tanto de la Sociedad. Es esa la razón por la que iniciamos este trabajo con la profunda reflexión: "El respeto y el desdén que se tenga por los ancianos dan a cada pueblo la medida de su esplendor y decadencia moral". En Cuba se trabaja intensamente por el fomento de la equiparación de las personas con capacidades diferentes no solo en el seno familiar sino también en el ámbito social e institucional.

Existe en el mundo una visión discriminatoria ante la discapacidad de las personas lo que ha motivado al legislador en la creación de leyes para su protección.

En nuestro país, existen organizaciones no gubernamentales y asociaciones de limitados físicos, visuales y sordo mudos que representan sus derechos e intereses comunes, así también se ha creado el Programa de empleo a los discapacitados”, PROENDIS, que protege a estos con el fin de ofrecerles oportunidades de trabajo en relación con sus diferentes capacidades.

En el caso del adulto mayor cuya limitación de capacidad se genera en el mundo de hoy, no solo por avanzada edad, sino por la desnutrición, depresión, inmovilidad, sitios de trabajo inadecuados, vivienda insalubre, polución ambiental, dieta inadecuada y falta de asistencia preventiva de salud, se demuestra que la causa de su diferencia es social y en consecuencia requiere no solo atención médica sino también protección a su soledad, pobreza, marginamiento y falta de trabajo y oportunidades.

La existencia de personas mayores de actuación notoria en la Sociedad como académicos, consultores, investigadores, jefes de estado demuestran que la vejez no ocasiona la pérdida de la capacidad en consecuencia las inhabilidades del anciano son de origen social, lo cual nos lleva a una nueva visión del problema encaminando nuestros esfuerzos a la prevención social y a la educación en salud sin perder de vista la atención material que requieren de manera urgente los necesitados.

La familia en nuestra sociedad se esfuerza por alcanzar la protección de los derechos de las personas con capacidades diferentes no solo de su núcleo sino también de la sociedad con el objetivo de garantizar su derecho a la autonomía, a la vida afectiva, a la intimidad, al honor, a la participación en la toma de decisiones, al trabajo y su justa remuneración, a la educación, a la recreación adecuada, a un ambiente sano y a una vida digna y en su integridad a todos los derechos humanos.

Capitulo IV

Protección jurídica al adulto mayor en Cuba

1. Normativa jurídica

La Constitución de la República de Cuba aprobada por referéndum popular en 1976 conforme su reforma constitucional de 1992, dejó plasmados sus postulados fundamentales relativos al cambio radical de nuestro status jurídico, con el enaltecedor fortalecimiento de los principios de igualdad y dignidad humana.

Bajo estos principios su capítulo cuarto garantiza la protección de la familia, la maternidad y el matrimonio. Así mismo reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones, igualando la condición de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio.

Y en su capítulo referido a los derechos, deberes y garantías fundamentales protege a los trabajadores, ancianos y necesitados mediante la seguridad y la asistencia social en cada caso, reconociendo el derecho al trabajo y descanso además de la educación, salud, deporte y recreación gratuitas entre otros derechos.

El Código de Familia promulgado en 1975, como código independiente del código civil, tiene presentes estos principios de igualdad y dignidad humana, abarcando todas las instituciones de familia en el orden sustantivo, dedicadas al matrimonio, divorcio, relaciones paterno filiales, obligación de dar alimentos, adopción y tutela.

Este Código considera la familia el centro de las relaciones de la vida en común de mujer y hombre entre éstos y sus hijos y de todos con sus parientes, para la satisfacción de hondos intereses humanos, afectivos y sociales de la persona presentando como objetivos principales contribuir:

• al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto recíprocos
entre sus integrantes;

• al fortalecimiento del matrimonio legalmente formalizado o judicialmente reconocido,
fundado en la absoluta igualdad de derechos del hombre y la mujer;

• al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la
protección, formación moral y educación de los hijos para que se desarrollen
plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad socialista;

• a la plena realización del principio de la igualdad de todos los hijos.

En cuanto al tema tratado resulta de interés su Título III referido al parentesco y la obligación de darse alimentos recíprocamente los cónyuges, los ascendientes y descendientes; y los hermanos, quedando fijado el orden de prelación de los obligados a prestarlo y la proporcionalidad de la cuantía de los alimentos en relación con la capacidad económica del que los da y la necesidad del que los recibe.

El proyecto de Código de Familia que se estudia al objeto de modificar el vigente, introduce una nueva visión de la familia en nuestros días que alcanza al adulto mayor cuya situación en el mundo ya hemos expuesto antes.

El proyecto reconoce que la familia, corno grupo, es un importante agente activo del desarrollo económico y social, especialmente mediante el trabajo no remunerado en el hogar, su papel en la reproducción de la población y su contribución al desarrollo individual y comunitario y así concibe nuevas realidades como la asistencia a la madre o al padre en circunstancias especiales y a las personas de edad, incorporándolas como nuevas instituciones en el Derecho de Familia. El Título H de dicho proyecto plantea la asistencia a los adultos mayores mediante su derecho a vivir junto a su familia, siendo ésta la principal responsable de su protección, teniendo la sociedad y el Estado el deber de coadyuvar a esa atención, a través de las organizaciones e instituciones, proporcionando a dichas personas la protección que requieren.

En los casos de personas mayores internadas en hogares para ellos, sus hijos y demás familiares obligados tienen el deber de contribuir a la satisfacción de sus necesidades afectivas y a su sostenimiento económico en estas instituciones.

La protección de estas personas comprenderá especialmente los aspectos físico, gerontólogo, geriátrico, psicológico, moral, social y jurídico.

Se consideran aspectos esenciales de la protección integral de las personas de edad, su integración social a la familia y la comunidad, el afecto, respeto, consideración, tolerancia, atención a su salud, cuidados y necesidades personales básicas, el ambiente familiar apropiado, tranquilo y los esparcimientos adecuados.

Se ha previsto que la acción del Estado ha de materializarse fundamentalmente a través de sus sistemas de salud pública; de seguridad y asistencia social; deportes, recreación y cultura, los que desarrollarán los programas respectivos para lograr que las personas mayores vivan con la debida salud física, mental, emocional y gocen efectivamente de la dignidad, atenciones y consideraciones especiales que requieren por su condición.

Las organizaciones e instituciones sociales en la comunidad actuarán cuando proceda para que las personas de edad reciban el apoyo del Estado o de los organismos correspondientes para hacer efectiva su protección.

En cuanto a la Ley de Seguridad Social, cabe destacar que desde 1980, abarca dos regímenes: el de seguridad social que protege la pensión por vejez y el de asistencia social encaminado a la protección de los necesitados garantizando en buena medida la atención al adulto mayor que no alcanza la protección familiar.

Estas leyes dirigidas a la protección de la familia y de la persona de edad en Cuba de profundo contenido social y humano, gozan de legitimación propia en virtud de las conquistas sociales logradas por la revolución cubana.

La legislación cubana, tiene su reflejo en el ámbito internacional según se aprecia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena de 1982, la Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para las personas mayores en el área de Iberoamérica de octubre de 1992 y el Congreso Mundial de Geriatría y Gerontología de 1997 celebrado en Austria cuya esencia fue la atención del adulto mayor.

La trascendencia de la vejez en la familia y en la sociedad y el esfuerzo que se realiza en el mundo para la protección de sus derechos, nos ha motivado a proponer este tema en el X Congreso Internacional de Derecho de Familia, convocado para este año en Argentina.

Por su relación con la formación de valores en la familia y la sociedad, nos vamos a referir a continuación a los programas de atención y prevención social dedicados a la protección de los adultos mayores en nuestro país.

2. Programas de atención y prevención social

En la actualidad se lleva a cabo el Programa integral de atención al adulto mayor" basado en un trabajo intersectorial en el que intervienen el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Deporte, Cultura y cualquier otro organismo que tenga a su cargo aspectos relacionados con los objetivos del programa el cual se basa en la auto ayuda y la ayuda mutua. Este programa tiene una proyección comunitaria abarcando también los asilos y los Hospitales. Cuenta con tres subprogramas que son los siguientes:

Subprograma para la atención comunitaria que establece a nivel de Policlínico equipos gerontológicos compuestos por un médico, un trabajador social, una enfermera y un psicólogo.

Es el elemento coordinador en el que descansa el programa, capacita al médico de la familia y a la enfermera para la atención al anciano desde el punto de vista médico, psicológico y social, realizándose un estudio sobre marginación, trauma por jubilación, soledad, pérdida del hijo u otra causa que permita la identificación de la necesidad del adulto.

Subprograma institucional relativo a las bases actuales de la Gerontología y Geriatría, fuente de capacitación para los que trabajan en los hogares dirigidos a la atención al anciano, se dedica a la preparación de los recursos humanos indicando el uso de medicamentos y la superación profesional mediante maestría, diplomado y especialidad de todo el personal tanto auxiliares, enfermeras, médicos y director.

Subprograma para la atención hospitalaria basado en la atención de servicios geriátricos. En cada Hospital hay un responsable de la atención al anciano con enfoque gerontológico y geriátrico.

La asistencia social en nuestro país mantiene como principios básicos los siguientes:

Que no quede una sola persona desamparada en nuestra sociedad.

Es un derecho de la población.

Protege especialmente a ancianos y a personas no aptas para trabajar y en general a las que debido a sus condiciones de vida o salud, requieran de ayuda de la sociedad, en ausencia de parientes obligados a dar alimentos o que no estén en condiciones de hacerlo. Coordinación de las prestaciones para ofrecer salud integral.

Cuantía de las prestaciones sobre la base del núcleo familiar.

Revisión periódica de las prestaciones.

Descentralización de la ejecución del presupuesto en el Poder Popular a cargo de cada
municipio.

Apoyo de las Organizaciones de Masas.

Mediante esquema metodológico general, las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social conforman los Programas de Atención Social a los grupos vulnerables de la población entre los cuales se consideran a los ancianos.

Esta asistencia se desarrolla en variantes que van desde las prestaciones económicas hasta los servicios de institucionalización y se ofrecen a los ancianos solos y consisten en:

• ayuda económica
• ayuda domiciliaria
• comedores
• viviendas
• centros diurnos o casas de abuelos
• hogares de ancianos.

La ayuda domiciliaria se ofrece al anciano asistenciado que tenga algún problema de validismo y no tenga familia, se realiza preparación y entrega de alimentos, lavado de ropa y limpieza del hogar mediante los auxiliares geriátricos principalmente. Se acogen también a la reparación de las viviendas y a servicios de barbería, peluquería, reparación del mobiliario y equipos electrodomésticos, entre otros beneficios y tiene como objetivo fundamental mantenerlos integrados en la comunidad.

Los ancianos que viven solo se vinculan a comedores obreros cercanos a su domicilio con el objetivo de ofrecerles posibilidades de alimentarse a bajo costo.

Las casas de abuelos son centros que se dedican a recibir de día a aquellos que tienen cierto riesgo para mantenerse en su casa siendo objetivo de las mismas mantener al anciano el mayor tiempo posible en el seno de su familia y de la comunidad, durante su estancia en ellas, disfrutan de asistencia médica y de terapia ocupacional, regresando a sus hogares después de las seis de la tarde.

Los hogares de ancianos están destinados únicamente a los ancianos que lo necesitan a partir de los nuevos conceptos que definen que los ancianos con alguna validez deben mantenerse en su entorno habitual insertados a la vida social de la comunidad y de la familia pues ya se sabe que el deterioro mayor se produce por su desintegración e inactividad social.

Todas las comunidades cuentan con un médico de la familia que consulta el equipo gerontológico, para la evaluación del paciente anciano cuando no puede resolver la situación que presenta, dicho equipo ofrece la solución según corresponda. La mayor parte de los problemas son más sociales que médicos.

En todos los casos en las decisiones interviene el Consejo Popular al que se integran todos los organismos del área. Con la ayuda de los Consejos se han creado Grupos de orientación y recreación para actividades recreativas, culturales, educativas, encuentros internacionales, grupos corales y cualquier otra que permita la integración a través de la participación.

A todas estas labores sociales están íntimamente ligadas la familia y la comunidad, además de las organizaciones de masas entre las cuales se destacan la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución. Todos trabajan por mantener la autonomía, la integridad y la valoración social del anciano sin dejar de atender sus necesidades básicas y de salud.

3. Intervención del Fiscal

La importancia y actualidad del tema seleccionado impone en este momento el enfoque de las tendencias que han existido para examinar la participación del Ministerio Público en la problemática familiar.

En España y en nuestros países latinoamericanos se les ha ido confiriendo una cada vez mayor competencia funcional al Ministerio Público en cuanto a su intervención en materia de Familia y se manifiesta en el contenido de las leyes orgánicas de dicho Ministerio, en los códigos y demás legislaciones procesales, así como en otras disposiciones legales que tratan sobre estos asuntos.

Cada día la Fiscalía ha ido especializando con mayor rigor en nuestros países a los fiscales, procuradores u otros funcionarios en asuntos de Familia; además de su intervención en casos de naturaleza civil y familiar en que estén comprometidos el orden público y el interés social.

Como parte del perfeccionamiento jurídico que se desarrolla en Cuba, la Fiscalía General de la República ya cuenta con una Ley, la No.83 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 11 de julio de 1997 en vigor desde enero de 1998. Esta legislación de manera coherente perfecciona su organización y funcionamiento, constituyendo el órgano del Estado al que corresponde como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución y demás disposiciones legales.

El nuevo texto legal confiere a las decisiones del Fiscal en función de la observancia de la legalidad el efecto vinculante, con la finalidad de obtener mayor efectividad y rapidez en la solución de las infracciones de la Ley, sin perjuicio de las obligaciones de los órganos, autoridades y funcionarios de adoptar las disposiciones correspondientes para restablecer la legalidad quebrantada o las medidas necesarias para evitar su quebrantamiento.

En nuestra sociedad funciona el derecho de queja y reclamaciones a través de los cuales los ciudadanos pueden defender sus derechos ante las distintas entidades estatales, organizaciones sociales, políticas y de masas.

En este contexto, por mandato constitucional la Fiscalía General de la República tiene como objetivo que no sea vulnerado el sistema jurídico vigente, integrado por normas constitucionales, penales, civiles, de familia, administrativas, laborales, de seguridad y asistencia social, entre otros, que desarrollan en su totalidad determinados derechos.

Mediante el derecho de queja y petición los ciudadanos dirigen a la Fiscalía reclamaciones, inconformidades, solicitudes y denuncias que se enfrentan mediante el ejercicio de la acción ante los Tribunales, la acción de inconstitucionalidad ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y fundamentalmente mediante pronunciamientos dirigidos al funcionario que ha lesionado los derechos legítimos del ciudadano o a su superior jerárquico, formulado mediante resolución que con fuerza obligatoria dispone al infractor el restablecimiento de la legalidad quebrantada.

La Ley le confiere al Fiscal el ejercicio de acciones y diligencias para representar en los procesos judiciales a la administración general del Estado y es parte en los asuntos relativos al estado civil y capacidad de las personas, además de la posibilidad de mostrarse parte en cualquier otro asunto en que alegue interés social, sin menoscabo de intervenir en todos aquellos en que la Ley lo establezca.

El Fiscal representa y defiende a los menores, incapacitados y ausentes, hasta que se les provee de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona o de la defensa de sus bienes y derechos, de manera que a los ancianos incapacitados se les garantiza esta protección.

Los principios específicos señalados en cuanto a la intervención de la Fiscalía en los asuntos y procesos civiles y de familia, junto a los principios constitucionales generales sobre el control de la legalidad socialista, informan su actuación en trámites prejudiciales, judiciales y extrajudiciales.

Ante el Notario, el Fiscal representa al menor o al incapacitado cuando no tenga representantes legales o se presuma contradicción de intereses legales entre estos.

En todos los casos referidos cuando el Fiscal advierta quebrantamientos de la Legalidad debe pronunciarse por su restablecimiento.

Es oportuno, enfatizar, que en nuestro país la protección de la familia es prioridad de toda la Sociedad y del Estado, lo que se materializa en la ejecución de un sistema de políticas dirigido a desarrollar su bienestar, desarrollo y protección.

Cada comunidad, como puede observarse mediante nuestras anteriores explicaciones, cuenta con variados mecanismos estatales y no gubernamentales, formales y no formales, que pueden ser utilizados para su protección, a partir de la voluntad política que avala la esencia de la propia Ley Constitucional.

Por razón del sistema socio político cubano, existe similitud entre los objetivos estatales y de las grandes mayorías, lo que permite desarrollar un sistema universal de prevención y atención social, refrendado por Ley, estableciendo entre sus funciones fundamentales la reguladora, la protectora, la educativa, la analítica y de pronósticos y la función coordinadora que permite la integración de todos los intereses de las entidades gubernamentales y no gubernamentales.

La Fiscalía General de la República se convierte en un garante de los derechos ciudadanos en su función veladora de la legalidad socialista permitiendo su intervención el restablecimiento de los derechos constitucionales establecidos en favor de la familia y del adulto mayor en particular.

CONCLUSIONES

Para alcanzar una nueva visión del adulto mayor en el mundo de hoy se requieren profundas transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y jurídicas a escala de toda la sociedad, si trabajamos en favor de estos propósitos aun cuando no se realicen estos cambios justos y necesarios podemos propiciar el mejoramiento de las relaciones sociales y de la convivencia humana.

Respecto a los derechos de la vida y de la dignidad humanas, lo más lesionante es la falta de recursos de los países en desarrollo necesarios para contribuir al financiamiento del adelanto social que resuelva el problema de la pobreza y de respuesta a las imperiosas necesidades de millones de personas que en el caso de América Latina y en el Caribe constituyen mucho más de las dos terceras partes de la población, que malviven en las ciudades y en el campo.

Luchar por alcanzar esta meta, permite sobre todo, mantener la esperanza de un futuro en que esos millones de hombres y mujeres puedan elegir un día sus opciones vitales en igualdad de oportunidades y derechos.

Nuestro país encamina sus esfuerzos hacia una nueva visión del adulto mayor en la familia y en la Sociedad, teniendo en cuenta la nueva concepción y enfoque de su tratamiento que persigue mas servicio social que asistencial con el fin de lograr un intercambio activo entre individuo y sociedad, reponiendo al anciano en su dignidad humana.

Estas tendencias influyen en la atención familiar al anciano. Se ha evaluado que en Cuba un 77% de ancianos son atendidos por sus familiares, un poco más del 13 % sufren de algún grado de abandono filial y algo más del 9% vive solo. En un estudio realizado en la Ciudad de la Habana, se encontró que el 70% de los ancianos discapacitados se mantienen en su casa gracias a la ayuda informal. La función de contribuir a satisfacer las necesidades de los ancianos por parte de la familia es fortalecida y protegida mediante apoyo brindado por el Estado para su atención comunitaria.

El interés familiar, social y estatal sobre el anciano determina la perspectiva de cambiar estereotipos, abrir espacios, propiciar auto validez, con el fin de mantenerlos en su entorno habitual insertados en la vida social de la comunidad.

En la actualidad se trabaja por el desarrollo de programas sociales aunque en honor a la verdad hoy la atención al anciano es más asistencial que social y se dirige a cubrir las necesidades básicas de alimentos y medicinas en favor del que tiene problemas de validación.

Los programas de prevención social a cargo de las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social se realizan por cada territorio municipio según sus peculiaridades estableciendo objetivos, metas, acciones fundamentales y recursos con los cuales se pueden disponer para cumplimentar dichas metas.

Estos programas son apoyados por los Consejos de la Administración Municipal, los Consejos Populares y los Delegados de Circunscripción en favor de los ancianos que califican en estado de necesidad.

A pesar de que son realmente excepcionales los momentos que vivimos en Cuba y enormes las dificultades que a diario tenemos que vencer, por el brutal bloqueo económico, financiero y comercial al que estamos sometidos por la más fuerte potencia de la historia, las cifras que exhibimos en materia de atención y asistencia social al anciano, son demostraciones reales de la materialización del pleno ejercicio de los derechos concedidos en la Ley.

Existen 78 casas de abuelos en el país con capacidad para 80 ancianos, 123 hogares de ancianos incluidos los religiosos con 9,800 capacidades en total, se han creado hogares diurnos en distintos municipios de alrededor de 63 capacidades cada uno, 236,382 círculos de abuelos, 43 salas de cuidados especiales, 324 equipos gerontológicos, del por ciento de ancianos solos, el 22,5% tiene atención domiciliaria mientras que por el sistema de salud se brinda servicio gratuito en el ámbito comunitario por 28,000 médicos de familia y 442 Policlínicos con atención integral al paciente.

Es por ello que las ayudas humanitarias solo se realizan a través de las estructuras y mecanismos estatales que tienen creada una infraestructura uniforme que permite llegar de inmediato a las comunidades y en ellas a las personas más necesitadas.

Cuba pertenece a la Asociación Internacional de Geriatría la cual tiene una Subcomisión de prevención de abuso y maltrato a la vejez, al respecto el Ministerio de Salud Pública realiza una investigación sobre traumatismos graves como consecuencia de accidentes o como resultado de alguna violencia física, realizado por Medicina Legal, entendiendo como tales también el maltrato psicológico de palabra y las actividades transgeneracionales que se observan en el urbanismo y que son propias de la vida moderna.

A este respecto es importante acotar que en nuestro país no resulta representativa la violencia intrafamiliar y consiguiente abuso y maltrato a la vejez por parte de la comunidad, aún cuando puede ocurrir como en cualquier parte agresiones de palabra originadas por las circunstancias del momento y del lugar, lo cual recibe el rechazo de toda la sociedad y de las leyes.

La Constitución cubana así como las leyes y la pragmática social, abolieron la discriminación, garantizando la plena igualdad; existiendo en el Código Penal el delito contra el derecho de igualdad, para juzgar a los que incurran en actos de discriminación.

Estamos conscientes que aún nos queda mucho camino por andar en la protección legal de los derechos ciudadanos en general, de la familia en especial y del adulto mayor y estamos seguras que nuestras reflexiones y valoraciones críticas así como las ideas nuevas que todos los familistas puedan aportar al tema, contribuirán a su perfeccionamiento para hacer realidad nuestra perspectiva social, humana y revolucionaria.



BIBLIOGRAFIA

Clásicos

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Leyes

Constitución de la República de Cuba de 24.2.76, gaceta oficial especial No.2, artículos del 35 al 66, conforme su reforma constitucional publicada en la gaceta extraordinaria No.7 de 24./8.92.

Código Civil español de 1888 hecho extensivo a Cuba en 1889 con sus modificaciones relativas a las instituciones de familia, edición cubana.

Código de Familia, Ley 1289 de 14.2.75, acotado y concordado, editado por el órgano de divulgación del Ministerio de Justicia de Cuba, abril/87.

Ley 7 de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de 19.8.77; sobre la intervención del Fiscal en los asuntos civiles.

Decreto Ley 67, Organización de la administración central del Estado de 19.4.83, gaceta oficial extraordinaria No.9 de 19.4.83, tal como quedó modificado por el Decreto Ley 79 de 28.3.84 sobre atribuciones y funciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba.

Ley 83 de la Fiscalía General de la República de Cuba en vigor desde enero de 1998. Gaceta oficial extraordinaria N. 8 de 14 de julio de 1997.

Proyecto de Código de Familia cubano, tercera versión.

Documentos políticos

Castro Ruz, F.: "La historia me absolverá", editorial Pueblo y Educación. Habana 1978.

Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Editorial ciencias sociales, Ciudad de la Habana, 1978, sobre el desarrollo de la atención al anciano.

Libros

Mesa Castillo, Olga. "Derecho de Familia" módulo 1. 1978. Libro de texto Universidad de la Habana, Facultad de Derecho.

Peral Collado, Daniel, "Derecho de Familia", Libro de texto. Universidad de la Habana, Facultad de Derecho.

Puig Peña, Federico. "Derecho de Familia" Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, 1953.

Revistas, artículos y boletines

"Atención del anciano en Cuba. Perspectiva y desarrollo. Segunda edición, 1996, La Habana, Cuba, CITED, Centro Iberoamericano de la Tercera Edad.

"Antecedentes históricos de la asistencia social en Cuba" Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba 1998.

Carta de los Derechos de las personas mayores de la Comisión Nacional de Chile. 1996.

Documento técnico institucional de la Declaración de los derechos de la Tercera Edad para ser incluido en la reforma constitucional emitido por el Parlamento de la Tercera Edad de Argentina.

Encuentro Latinoamericano del Caribe sobre Familia y desarrollo. Reflexión sobre políticas de familia. Caracas 1988. Informe final.

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"Programa de prevención y asistencia social" de la Dirección de asistencia y prevención social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba. 1998.

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"Seminario sobre Derechos Humanos". La Habana, junio/96., editado por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos.
Texto alternativo a la proposición de la Ley de la defensa del Mayor en Islas Canarias.
Gobierno de Canarias. Mayo/96 Ley de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.

Texto alternativo a la proposición de la Ley de la defensa del Mayor en Islas Canarias.
Gobierno de Canarias. Mayo/96 Ley de las personas mayores y de la solidaridad entre
generaciones.

Citas

1. 1. Exordio de elevación del proyecto de reforma constitucional respecto a los Derechos de la Ancianidad por los convencionalistas argentinos de 1949.

2. 2. Pág. 6 de los Fundamentos de la Declaración de la Tercera Edad para ser incluidos en la Reforma Constitucional Argentina.

3. 3. Martí, José. Pensamiento martiano contenido en la Declaración de la Constitución de la República de Cuba de 1976.

4. 4. Fernández Bulté. “Los fundamentos de los Derechos Humanos", pág. 64, del Libro editado por el I.I.D.H. en 1996 sobre Seminario de los Derechos Humanos celebrado en La Habana en mayo de 1996.

   
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